No hay dudas que el COVD-19 representa en las cárceles una bomba de tiempo humanitaria. Las medidas de distanciamiento social son de imposible cumplimiento en un contexto de sobrepoblación y hacinamiento.

Ello exige rápidas y eficientes medidas de los Estados, responsables de garantizar los DDHH de las personas privadas de la libertad, en especial lo atinente a la protección de la vida, la integridad física y el trato digno.

Entre la “excarcelación masiva” -que nadie propuso, ni mucho menos llevó a cabo- y el mantenimiento de un status quo que representa un riesgo humanitario real e inevitable, se impone la necesidad objetiva de generar una respuesta racional a la superpoblación y condiciones de hacinamiento carcelario, que sea compatible con la democracia y los DDHH.

Se ha iniciado una campaña mediática que habla de una supuesta “excarcelación masiva” y hasta “planes de liberación de presos, asesinos y violadores”, sin ningún sustento en la realidad.

En Argentina, los beneficios a la fecha alcanzan una suma ínfima si se compara con lo que ocurre en otros países del mundo. Se han calculado alrededor de 1300 personas entre el SPF y el SPB (donde se concentra la mayor proporción de personas detenidas), aunque relevamientos un poco más sólidos hablan de no más de 500 personas entre ambas jurisdicciones.

(Fuente: Clarín)

En Brasil 30 mil personas fueron liberadas. 6200 en México. 4000 en Colombia. 8000 en España y en EEUU se calcula que el 20% de la población carcelaria está en sus casas. En Chile, Piñera directamente conmutó penas x decreto, beneficiando a 1700 personas.

(Fuente: Página12)

La necesidad de generar una respuesta humanitaria ante la superpoblación carcelaria es una preocupación del orden mundial de gobiernos de los más variados signos políticos y de sistemas judiciales de lo más diversos y no un plan maligno de los gobiernos “populistas”, como afirman algunas voces delirantes y poco informadas.

La CIDH recomendó a los Estados que integran el sistema regional de DDHH adoptar un conjunto de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades carcelarias analizando así la posibilidad de que respecto de las personas en grupo de riesgo y próximas a recobrar su libertad se evalúen medidas alternativas a la detención en cárceles.

En este contexto, frente a la necesidad de generar una respuesta racional para gestionar la situación, debe focalizarse la respuesta en aquellas personas detenidas por delitos leves que integran grupos de riesgo en razón de la edad, afectaciones a la salud, personas embarazadas y madres con hijos/as menores alojados/as en las Unidades Penitenciarias, evaluando la posibilidad de adoptar respecto de ellas medidas alternativas a la detención en la cárcel, morigerando así su modo detención.

Asimismo, vemos con preocupación que jueces autoricen la prisión domiciliaria a personas detenidas por violencia de género, femicidios, abusos y violaciones, en la medida que existe una preocupación genuina por parte de las personas víctimas de esos delitos en cuanto al riesgo que podría generar la adopción de medidas alternativas respecto de esas personas. Esta clase de delitos graves NO debería integrar el grupo a ser alcanzado por los beneficios mediante los cuales se busca descomprimir la situación carcelaria.

De este modo, sería posible una gestión más racional y humanitaria de la superpoblación carcelaria, garantizando condiciones de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19 a todas las personas privadas de la libertad que deban permanecer en las unidades penitenciarias.

Ello solo será posible si el Poder Judicial actúa con celeridad y seriedad, si autoridades gubernamentales redoblan el esfuerzo en materia de administración penitenciaria y si la sociedad encara con madurez el debate acerca de la bomba humanitaria que representan las cárceles en el medio de la pandemia.

Leandro Carnelli

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos

Cel. 15-6531-0678