Se destapó la olla en la que se venía cocinando la podredumbre de quienes manejaban los hilos del poder. Los sótanos de la democracia como los llamó Alberto Fernández, en su discurso inaugural en el Congreso, a fines del año pasado.

Super Mario Bros. Así se llama el grupo que montó un enjambre de escuchas, vigilancia y control ilegales compuesto por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), abogados trucos, periodistas, narcos, policías, jueces, fiscales y el poder político. Esta asociación ilícita, una verdadera mafia que operaba en las cloacas del poder, respondía, por un lado, directamente al jefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y por otro, al ex presidente Mauricio Macri, a través de su secretario personal, Dario Nieto. Era Susana Martinengo, la ex directora de Documentación Presidencial,  quien presuntamente recibía informes de estos espionajes y se los reportaba Nieto. La distancia de Nieto a Macri son solo pasos.

Desde la recuperación de la democracia, en 1983, los servicios de inteligencia han sido ese poder en las sombras, operando para los distintos gobiernos, espiando, chantajeando y promoviendo conflictos. Operaciones negras que socavaron los cimientos democráticos de nuestro país. Durante mucho tiempo fue un refugio para la infame “mano de obra desocupada” de la última dictadura militar, custodios o directores de centros clandestinos de detención, represores, buchones, policías dados de baja y personal jerárquico del Estado.

Sin embargo, hoy por hoy, estamos siendo testigos de cómo se devela una de las operaciones de espionaje ilegal más grande que hayamos visto en tiempos democráticos. Con el correr de los días nos vamos enterando más y más detalles sobre cómo funcionaba este poder en las sombras y a quién respondía.

En este momento existen 12 causas judiciales diferentes que empiezan a entrecruzarse. Todas las señales indican que se sigue escalando en los niveles de responsabilidad y en el punto central, en la cúspide de la pirámide, estaría, nada más y nada menos que, el ex presidente Mauricio Macri. Todo indica que esto se trató de un plan orquestado por el gobierno anterior.

Se armaron supuestas alertas de atentados para vigilar y seguir de forma ilegal a Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, cuando era Senadora Nacional. Se hicieron escuchas ilegales a los detenidos en las cárceles de Ezeiza, Melchor Romero y Marcos Paz, a sus familiares y abogados también, se espió a periodistas opositores, empresarios, miembros de partidos políticos opositores y organizaciones sociales, incluida la nuestra, Barrios de Pie.

Sobre este aspecto, el espionaje a las organizaciones sociales, hay que hacer una mención aparte por lo cruel y cínico de sus modos. Hace unas semanas, salió a la luz como buscaban infiltrarse en los movimientos sociales y populares para estar en pleno conocimiento de cada uno de sus movimientos. Para hacerlo, como no podían meterse directamente dentro de las organizaciones, crearon asociaciones que donaban alimentos a comedores y merenderos populares. De ese modo, jugaron con las necesidades que se viven en los barrios de nuestros país, producto de años de olvido y desidia por parte del Estado y totalmente vulnerados durante los 4 años de gobierno macrista.  Verdaderamente nefasto. Con ese nexo establecido, los espías disfrazados de organizaciones solidarias que donaban comida buscaban obtener datos sobre movilizaciones, actividades y todo tipo de información que anticipara reclamos contra el gobierno amarillo.

«Entonces, los negros empiezan en confianza y ahí nos podemos meter, (..) y con eso tenemos el minuto a minuto de lo que van haciendo sin meter una fuente en el lugar». Esas fueron las palabras textuales de Alan Ruiz, ex agente de la AFI. Aparte de las implicancias clasistas y racistas de esas palabras, opera además esa lógica cruel de buscar generar confianza con militantes populares a través de la resolución de una necesidad fundamental, el hambre.

Jugaron con el hambre del pueblo. Mientras el gobierno de Macri recortaba presupuestos sociales, ajustaba por medio de tarifazos, nos endeudaba a cien años y reprimía abiertamente, montaba organizaciones civiles para vigilar y castigar.

Al mismo tiempo operaba la mafia judicial, encargada de armar causas de revuelo mediático, para ensuciar opositores y correr el eje de los debates en la agenda pública. Fue el juez Alejo Ramos Padilla quien descubrió cómo operaban sus colega. Se descubrió que el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien respondía directamente a Gustavo Arribas, armaba causas falsas a través del ya procesado fiscal Carlos Stornelli. A su vez, se controlaba el egreso e ingreso al país de los jueces no adictos a Juntos por El Cambio.

En este entramado se suman periodistas que contaban filmaciones de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso a causas falsas y a operaciones de los servicios de inteligencia para mostrar en sus programas de televisión. ¿Con qué fin?  Desviar la atención. Anunciar bombas televisivas, denuncias increíbles y todo un show mediático armado para que el foco de atención no estuviera puesto en la debacle económica y social que se vivía a causa de la políticas neoliberales de endeudamiento, ajuste, tarifazos e inflación sin control del macrismo. Incluso, varios de estos espías era productores, si productores, de esos programas de televisión. El caso del programa de Luis Majul, recientemente ventilado a la luz, es el ejemplo perfecto sobre cómo funcionaba esta trama mafiosa y clandestina.

Pero el espionaje no terminaba solo en políticos, dirigentes y periodistas opositores. También el gobierno de Macri espió a los propios, dentro de los cuales destaca el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli, a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,  al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó y al jefe de la bancada de Diputados del PRO, Nicolás Massot.

Otro de los motivos de todas estas operaciones, que al día de hoy cuentan con 22 detenidos y que todo apunta a que seguirán creciendo en cantidad, fue el armado de causas judiciales para presionar a ex funcionarios y empresarios para que declaren en contra del gobierno de CFK. Esto les servía para golpear al gobierno que los precedía, para armar el discurso de la grieta que les genera un rédito político y, una vez, más para tapar sus políticas económicas antipopulares, que apuntaban a destruir la soberanía nacional y a triturar los ingresos de una gran parte de argentinos y argentinas.

Habrá que ver como avanzan las distintas causas y cuantos detalles seguirán saliendo a la luz. Pero esto marca un punto de inflexión en la nefasta historia de los servicios de inteligencia en nuestro país, y sus tareas sucias para el poder político. Es hora de terminar con estos sótanos de la democracia, es una de la deudas que nos debemos como sociedad y como país.

GAME OVER MARIO BROS.