Durante el próximo fin de semana se llevará a cabo el 34° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries. Todes nos encontraremos una vez más para gritar en unidad basta de femicidios, abrazarnos hermanadas al coro de “Aborto Legal YA” y expresar sororamente que “el patriarcado se va a caer, se va a caer”. Nosotras, las invisibilizadas por la historia, volvemos a ser protagonistas. Pero al mismo tiempo, dicho encuentro está enmarcado en una coyuntura compleja que debe ser considerada. En octubre se dará lugar a las elecciones nacionales, momento en el que podremos hacer que termine el gobierno de Macri y comience una nueva etapa; porque un gobierno que le es indiferente todas las desigualdades existentes y las profundiza, no puede continuar. 

La igualdad de género es un imperativo político y cultural que por nuestros días despierta el compromiso de millones de jóvenes.

Consiste en vivir en una sociedad con las mismas oportunidades e incentivos para los géneros, donde se garanticen las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos de las mujeres y las disidencias. Sin embargo, a lo ancho y largo del extenso territorio nacional la igualdad de género es aún una utopía.

La violencia contra las mujeres es la consecuencia inmediata de las desiguales relaciones de poder que existen entre los géneros, las cuales se complejizan si están atravesadas por otras desigualdades de carácter estructural. Bajo este encuadre conceptual e ideológico entiendo que, en primer lugar, la condición socioeconómica de las mujeres y las disidencias de género agrava el lugar de sometimiento inherente al sistema patriarcal que les afectan; y en segundo lugar, que la adopción de un modelo neoliberal profundiza las desigualdades de género. En consecuencia, el gobierno de Mauricio Macri y, en particular, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, no han hecho más que desproteger a las mujeres y disidencias con el retiro del Estado de la intervención directa sobre los problemas de carácter primario, sumado esto al aumento estrepitoso de la pobreza e indigencia.

A su vez, el desequilibrio macroeconómico derivó en un profundo ajuste y contracción de deuda pública que socavó miles de fuentes de trabajo. La crisis económica actual supera la incidencia histórica de la pobreza en Argentina, alcanzando al 35% del total de la población. La instauración del modelo de acumulación neoliberal de precarización laboral afecta diferencialmente a trabajadores y trabajadoras. Así es como los puestos peor remunerados son generalmente realizados por mujeres, acarreando una desigual capacidad de generar ingresos monetarios. Ello las lleva a adoptar roles particulares y diferenciados en relación a los varones, que derivan en la elaboración e implementación de estrategias de sobrevivencia familiar y a su vez, limitan las posibilidades de desarrollo personal y salida de la vulnerabilidad estructural. Sucede que la diferencia sexual entre hombres y mujeres se traduce, en nuestras sociedades, en desigualdades sociales.

Padecer la desigualdad es tener limitado o coartado el acceso a un ingreso, a la tierra, a la salud, a la educación, a la justicia, al tiempo libre y a la manifestación cultural.

La situación de pobreza acentúa las desigualdades de género y viceversa. Ambas son especialmente invisibilizadas por los grandes aparatos mediáticos y afectan en mayor medida a las mujeres de los barrios más humildes, por ser quienes están sometidas a una mayor carga de trabajo no remunerado. Dicho trabajo compensa la falta de servicios públicos, inhibiendo la participación de las mujeres en el mercado laboral formal o forzando interrupciones recurrentes, además de disminuir su capacidad de incidir en la toma de decisiones de la esfera privada y pública. De esta forma, la ausencia de servicios incrementa también las brechas de género entre trabajadoras y sus homólogos masculinos.

La condición socioeconómica de las mujeres y las diversidades, el acceso a un trabajo digno y a los servicios sociales públicos son factores indispensables para asegurar su autonomía en todos los planos y esenciales en el proceso de configurar una sociedad con perspectiva de género. El contexto  socioeconómico y el género son fenómenos que actúan íntimamente relacionados.

Las inequidades asociadas al género no pueden resolverse de manera aislada, sino que deben instituir las bases de un proyecto nacional integral. Es el Estado quien debe garantizar, a partir de la elaboración de políticas públicas, un piso real de igualdad, lo que le permitirá encarar exitosamente un plan para erradicar la pobreza y la violencia de género. Es necesario desarrollar políticas que promuevan desde el Estado una doble incorporación; de mercado y de género, teniendo en cuenta que una sin la otra impide la realización política plena de las mujeres y las disidencias de género. 

El Estado argentino, como garante de los derechos de la población, se comprometió a generar mecanismos para reducir la inequidad entre varones y mujeres en sus múltiples aristas. Las leyes 26.485 (sancionada en el 2009) y la Ley Micaela sancionada a fines del año pasado lo dicen claramente, pero distan de ser una realidad. Por el contrario, las medidas anunciadas recientemente por el presidente Mauricio Macri no atacan el problema de fondo que representa la violencia machista contra las mujeres y diversidades, ni modifican las maneras de cómo abordarlo. De hecho, muchas de las promesas anunciadas están contempladas en las legislaciones actuales y debieran haberse puesto en marcha hace años.  A modo de ejemplo, si tomamos el promedio de femicidios como expresión máxima de la violencia machista relevado durante este año, corroboramos que este índice es aún mayor ahora que al anterior.

En todo caso, la violencia contra las mujeres es un problema cultural, social, económico y político. El Estado que gestionaremos a partir de diciembre debe re-educarse en perspectiva de género para intervenir en su creciente desigualdad. Y al mismo tiempo, encabezar la puesta en marcha de un proyecto económico inclusivo y socialmente participativo.  

Las relaciones de género son multidimensionales y tan significativas como las de pobreza y clase en materia de justicia e igualdad. Aunque en alguna medida puede presentarse independiente del nexo monetario, el vivir en condiciones de precariedad profundiza las desigualdades culturales y políticas. Las mujeres y disidencias de menores ingresos se ven afectadas en mayor medida por la ausencia del Estado. Sólo con políticas públicas profundas que incorporen a las mujeres y disidencias en un conjunto amplio de medidas redistributivas que satisfagan sus necesidades básicas a través del acceso a recursos materiales y no materiales, se logrará levantar una sociedad mejor.  Es la única manera de transformar la realidad.