Desde el año 2010 existe en la Ciudad de Buenos Aires la Ley 3.706 de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle, escrita a partir del aporte de las organizaciones no gubernamentales que saben y trabajan solidariamente en la temática. A pesar de que la norma fue reglamentada en el año 2013, aún no se plasma en políticas públicas efectivas que aborden de forma integral la asistencia social de las personas que tienen todos sus derechos vulnerados.

Junto a la ex diputada nacional y actual titular del INADI, Victoria Donda, y habiendo trabajado en la temática desde el Consejo Económico y Social (CESBA), presenté un amparo por las personas en situación de calle en la Ciudad que recibió por respuesta un fallo ejemplar de la Jueza Elena Liberatori. Centralmente reconocía que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no realizaba un censo serio de la población en calle desconociendo la dimensión social del problema. Sin un diagnóstico adecuado es imposible destinar el presupuesto acorde.

Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admiten que con el aumento de la pobreza y la indigencia se ha incrementado en un 35% la gente en situación de calle; inclusive reconocen que hay más mujeres, niños y niñas, que hay más personas con profesiones y oficios que se quedaron sin trabajo recientemente y que cada vez hay más personas durmiendo en la calle en barrios no céntricos. Vemos todos los días los colchones y ranchadas al caminar las veredas, portales, bajo autopistas y sabemos que muchas veces las fuerzas de seguridad expulsan a esta población de las zonas céntricas para que la ciudad se vea “linda y prolija”, escondiendo una tremenda realidad social en lugar de resolverla siendo que estamos en el distrito más rico del país.

La cifra oficial dice que hay 1.146 personas que hoy están en situación de calle en territorio porteño. Pero hace dos años participamos junto a organismos de control porteños y más de cincuenta organizaciones sociales, barriales y solidarias en un censo popular que reveló otros números: 4.394 personas en situación de calle efectiva, ascendiendo ese número a 5.872 al contabilizar a quienes estaban pasando la noche en los paradores. Entre 500 y 600 eran niños, niñas y adolescentes. Y la cifra trepa a decenas de miles si contabilizamos a la población en riesgo de calle tal cual contempla la Ley 3.706.

En 2019, el Censo Popular sobre Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires arrojó el resultado de un crecimiento importante de las familias y personas sin techo: se registraron 7.251 personas entre quienes están en calle efectiva y quienes pasan la noche en los dispositivos llamados paradores nocturnos que no reúnen las condiciones de ser centros integrales como plantea la normativa vigente. La cifra relevada representa un 23, 5% de incremento respecto del censo del 2017. El Gobierno porteño no los ve.

La insensibilidad de la gestión PRO no sólo oculta los números reales de esta problemática, sino que además culpabiliza a la población vulnerada. Es brutal y hay que tener el corazón helado para decir que la gente no quiere ir a los paradores y prefiere enfermarse o morir en la calle. ¿No se preguntan los funcionarios por qué la gente no está en los paradores? ¿Será que las 2300 plazas no alcanzan? ¿Será que no son centros integrales abiertos 24 horas? ¿Será que separan a los hijos de las madres? ¿Será que hay situaciones de violencia institucional y social? ¿Será que no permiten entrar el carro que es medio de sustento para el cartoneo? ¿Será que no hay herramientas laborales, sanitarias, educativas que se lleven adelante para salir de la calle? ¿Será que el subsidio habitacional para esta situación de emergencia cubre apenas la mitad de lo que cuesta una pieza de hotel? ¿Será que se ponen por delante trámites burocráticos que impiden el acceso a la ayuda social? ¿Será que no aplican la Ley 3706 para la protección de los derechos humanos y sociales?

El voluntariado social y sus organizaciones comunitarias organizan ollas populares, recorre las calles llevando un plato de comida; centros educativos como el Isauro Arancibia garantizan el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle. El Gobierno de la Ciudad sigue siendo indiferente, burocratizando la respuesta que se necesita con urgencia para el acceso al subsidio habitacional, que además está cada vez más alejado del costo real de un techo.

La Ley 3.706 plantea con toda claridad que deben protegerse los derechos no sólo de las personas en situación de calle sino de aquellas que están en riesgo de caer en ella. Con el crecimiento de la pobreza y la indigencia de los últimos años, miles de familias quedaron en calle, pero otras tantas miles están al borde de quedar en la calle. Unos doscientos desalojos están poniendo en riesgo a muchísimas familias en la Ciudad. Por eso es imprescindible que el Gobierno porteño se haga cargo de la situación de Emergencia Social y Habitacional que existe en la Ciudad de Buenos Aires, para frenar los desalojos e impulsar las políticas públicas urgentes.

Desde el Frente de Todos en la Legislatura porteña estamos trabajando con las organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos y con organismos descentralizados, para avanzar en proyectos que defiendan a las familias que tienen hoy todos sus derechos vulnerados. En la Ciudad, cada vez hay más gente en la calle y cada vez es más difícil para el conjunto de la población trabajadora acceder a la vivienda propia. Queremos una Buenos Aires que no ponga los negocios inmobiliarios para pocos por encima del bien común y del buen vivir. 

Nota publicada en el portal Infonews.