La temperatura pasa de los treinta grados y la humedad escala y bordea el cien por ciento. En Rosario el cemento de las calles y veredas quema. Este pinta como uno de los veranos más calurosos en la ciudad.

Pero no es la intención escribir sobre el clima. En Rosario, el año empezó caliente por otro motivos. En los medios locales y nacionales se replica la misma fórmula; la cantidad de homicidios supera la cantidad de días que llevamos del 2020. Balaceras, apuñalados, «ajustes de cuentas», etc. La seguridad está en el ojo de la tormenta, las cosas están «picantes».

Hay que resaltar que un altísimo porcentaje de los asesinatos registrados fueron a personas menores de 35 años, es decir que las víctimas son personas jóvenes y mayoritariamente humildes y de la clase trabajadora.

En el medio de todo, los recambios de gobierno. En la Nación y en Provincia llegó al ejecutivo quienes venían de ser opositores. Estos recambios vinieron con intenciones de modificar las doctrinas en las fuerzas de seguridad, reponer mandos civiles, ajustar protocolos de intervención y asegurar que haya una subordinación al poder político.

Desde el campo popular nos debemos un debate serio sobre la seguridad. En todo el país, y en particular en Rosario, la inseguridad se sufre con mayor intensidad en los barrios humildes. Es allí donde se exhiben los principales reclamos sobre la materia, aunque no alcancen la agenda de los medios. Porque son nuestros pibes los que se mueren. Pero ojo, en nuestros barrios se pide por mayor seguridad, pero no a cualquier costo. En los barrios humildes se conjugan muchos tipos de inseguridades. Una minoría, intensa y con poder de fuego y billetera, puede dominar manzanas, esquinas, plazas o sectores enteros. La solución al flagelo del narcotráfico es una deuda de los distintos gobiernos, más allá de los diferentes y, algunos destacables, avances en el tema.

En Rosario, distintos grupos se enfrentan por negocios millonarios mientras la gran mayoría es rehén de las balaceras a plena luz del día. Estamos en presencia de una ruptura de la redes comunitarias y sociales. Prima la resolución violenta de conflictos. El diálogo es reemplazado por enfrentamientos, las palabras por balas (la mayoría de los homicidios del año fueron con armas de fuego).

Del otro lado, las fuerzas de seguridad no parecen capacitadas integralmente para abordar estas situaciones. Rosario no cuenta con una policía propia y depende casi exclusivamente de los efectivos de la policía provincial. Esta fuerza presenta múltiples quiebres y miseria en su interior. La cooptación por parte del negocio del narcotráfico de distintos mandos a los largo de las últimas décadas se fue convirtiendo en costumbre.

Como siempre decimos, la connivencia entre la policía y las bandas delictivas no es una novedad, ya fuera por omisión de las fuerzas de seguridad o por una directa colaboración.

En veinte días la provincia tuvo 3 responsables policiales, incluyendo uno que está siendo investigado por haber liberado la zona para que fuera baleado una dependencia judicial y otro que apenas estuvo un día en funciones.

Una reforma en materia de seguridad cajoneada en la legislatura provincial, pases de facturas entre el gobierno entrante y saliente, la papa quema y se libran batallas al interior de la cartera de seguridad de Santa Fe. Hace unos días asistimos al desembarco de tres mil efectivos de fuerzas federales para intentar apaciguar las llamas pero lo que en los barrios se respira como un alivio también se ve con recelo. Gendarmes organizando retenes en todas las cuadras, verdugueos a nuestros pibes e intimidación. Una vez más, en los barrios se siente más la inseguridad.

No se trata simplemente de enviar y soltar miles de gendarmes en las calles. Son necesarios protocolos e iniciativas conjuntas, coordinación entre los Centros de Convivencia Barrial, entre los distritos, la Municipalidad y el gobierno provincial, las organizaciones sociales y las fuerzas de seguridad. La solución al problema de la violencia y a las actividades delictivas debe encontrarse por medio del diálogo.

Celebramos las distintas instancias que se dieron en los últimos días, tanto en la Cámara de Diputados de la provincia como en el concejo Municipal de Rosario, e insistimos en que deben generarse más espacios para el debate. Las organizaciones sociales somos quienes hemos hecho frente al desastre económico y social de los últimos años, quienes hemos dado respuestas a los humildes y los que nos ocupamos de aquello que el Estado no.

Por todo esto, por nuestra presencia en los barrios de la ciudad y porque somos quienes más sufrimos la inseguridad es que decimos que nuestra voz y nuestros reclamos deben ser tenidos en cuenta. No vamos a tolerar que militaricen nuestras calles, que asesinen a nuestros pibes, rechazamos la resolución que habilita la vuelta de la bala en la recamara que ya tuvo su primer disparo accidental en Villa Gobernador Gálvez, en la misma puerta de una comisaría. Años de políticas de seguridad duras demuestran que no son parte de la solución si no que son parte del problema. No queremos mano dura, gatillo fácil ni más muertos.  

Nuestros pibes necesitan políticas que favorezcan su escolarización, acceso al mercado laboral, trabajos dignos y la posibilidad de continuar sus estudios luego del secundario. Poder disponer de servicios de salud cerca de sus hogares y vivir en condiciones dignas. Nuestros jóvenes necesitan recuperar la capacidad de proyectarse en el futuro, de pensarse a sí mismos a largo plazo, con proyectos, sueños y anhelos.

El sistema económico, la falta de oportunidades, la discriminación y el desastre de los últimos años los sigue empujando a los márgenes. La vida narco es corta pero rentable y para quienes solo pueden concebirse a sí mismos en el presente, resulta convocante, pues el mañana no existe.  

Definitivamente, urge una reforma en materia de seguridad que transparente el accionar de los efectivos policiales y de control, que permite su correcta fiscalización, que rompa con los entramados de corrupción y negociados, que existan capacitaciones para el personal en materia social y que la implementación de cada medida sea mediante el diálogo con las organizaciones y los vecinos de los barrios que son quienes sufren más que nadie esta problemática. A su vez, como parte de esa amplia mesa de diálogo y coordinación de políticas, debería establecerse un observatorio de la  violencia en los barrios y la confección de un protocolo de acción conjunta.


Si el Estado se va a meter en nuestros barrios, que lo haga para contener, acompañar, apoyar y mejorar nuestra calidad de vida y no para vigilarnos, reprimirnos y matarnos. No queremos narcos, no queremos gatillo fácil y hostigamiento policial, no queremos guerras, queremos paz, queremos condiciones de vida digna y no estigmatización, queremos tener futuro.